Café Político

 

 

Días de furia en EU, ¿nos afectan?
López Gatell, ya es el pararrayos
El INE y sus demandas demodé

   Ni el habilidoso juego de humo y espejos presidencial conseguirá disimular los profundos y aún no determinados daños sufridos por el entramado económico, social y político por la conjunción de crisis.

   Sólo un ciego no ve que muchos empleos no se recuperarán, y que, muchas actividades de la sociedad, como el sector turístico, sí dependen de que se encuentre una vacuna o un tratamiento para el Covid 19.

   Sólo los fanáticos suponen que hoy, cuando la sociedad estadunidense parece dispuesta a suicidarse como lo intentó hace medio siglo, las consecuencias de los días de furia en EU no podrán perjudicar a México.

 

 

¿Nueva normalidad, la violencia criminal?
Suelo pantanoso, el salario presidencial
Salud: fugaz ejercicio de federalismo

   Los índices de la violencia criminal no ceden, a pesar de los optimistas informes oficiales, siguen los asaltos al transporte y los homicidios, aunque el juarense alcalde Armando Cabada se consuela con “las bandas se matan entre sí”.

   Inútiles los reclamos de las organizaciones de transportistas, aunque los asaltos al transporte de mercancías constituyan una amenaza grave para la incipiente reactivación económica.

   Por el miedo a la pandemia del coronavirus, no nos conmueve la incursión de delincuentes extranjeros, bárbaramente violentos, y como aconseja Alfonso Durazo, no dramatizamos por el número de asesinatos. ¿Esa será la nueva normalidad?

 

 

Recorte presupuestal, la otra pandemia
Recuperación, como V, U o como Nike
Es más que estadísticas, el desempleo

   El decreto presidencial que ordenó un recorte de 75 por ciento en gastos generales, en suministros y mantenimiento de las dependencias del gobierno de la República ha resultado más tóxico que la pandemia de Covid 19.

   No pocos lo comparan con ucase, aquellos mandatos del Zar, tajantes y arbitrarios, pues su aplicación generalizada ya afecta a institutos de investigación, a programas para atender a víctimas del delito.

   Son tantos los programas afectados que el recorte presupuestal de 75 por ciento al final de 2020 mostrará una sistemática, quizá impensada, pero no por ello menos letal desmantelamiento de instituciones del Estado.