Café Político

 

 

¿Tiene Meade cuarto de guerra?
¿Critican derroche o distribución?
Inconcluso el caso de Miroslava Breach 

  Es posible que el equipo de José Antonio Meade, en esta precampaña que ya parece campaña, deba aprovechar lo que resta de diciembre para estructurar un auténtico cuarto de guerra.

  En ese cuarto de guerra, además de la estrategia y tácticas de la campaña, deben analizarse no sólo escenarios posibles, sino también prepararse para las contingencias que, a querer o no, afectan a las mejores campañas.

  Ya los adversarios han iniciado la ofensiva de acusaciones. Son apenas un esbozo de lo que viene. Hay que prepararse para contrarrestar peores ataques. Esperar a que lleguen puede descarrilar la estrategia mejor diseñada.

 

 

Estados: ¿nacen nuevos cacicazgos?
Seguridad: faltan argumentos jurídicos
¿Quién paga por federales en los Estados?

  Quien quiera que gane la Presidencia de la República, apenas tome posesión habrá de estudiar, estudiar en serio, una situación que empieza a generarse en varias entidades de la República.

  Cada día son más los mandatarios estatales que, apenas toman posesión, por buenas, malas o peores razones, ponen en marcha operaciones políticas, cuyo objetivo es que los Ejecutivos Estatales tengan el control de los Poderes Legislativos y Judicial de sus entidades.

  La creciente acotación del poder presidencial, tan bien vista por la opinión publicada, ha propiciado que los mandatarios se convierten en caciques regionales, figura detestable que, se supone, desterró la democracia.

 

 

Seguridad: promulgan ley, decide la Corte
Daños colaterales por verificentros
Y apenas empiezan las campañas

  Ayer, durante la reunión de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, anunció el Presidente Enrique Peña Nieto que promulgará la ley aprobada por las dos Cámaras del Congreso de la Unión.

  Ya se escucha el clamor de los opositores a la ley, aclarando que no toda esa oposición es por razones jurídicas, buena parte tiene razones de política electoral.

  Si, como dicen son respetuosos de los procesos democráticos, entonces quedará impugnar la ley ante la Suprema Corte de Justicia y dejar que los ministros hagan una evaluación jurídica, no sesgada, de su constitucionalidad. Lo demás ya sólo es ruido.