Café Político

 

 

Palacio contra la integridad del voto
Frontera: ¿giro sucesorio o nació astro local?
Guardia Nacional, siguen las ambigüedades

  El eje del debate de las inconstitucionales leyes del Plan B que impulsa y promueve el oficialismo no debe ser la frugalidad presupuestal, sino el grave riesgo que representa ese proyecto presidencial para la integridad del voto.

  El Plan B presidencial altera el entramado jurídico que garantiza que en cada elección no sean los partidos ni el Gobierno, sino ciudadanos escogidos aleatoriamente los que a partir de un impecable padrón electoral reciben y cuentan.

  Sería trágico que las ambiciones subyacentes en el inconstitucional Plan B disolvieran el sistema que, durante más de 23 años, gracias a la integridad del voto, por primera vez en la historia, ha facilitado transmisiones pacíficas y ordenadas del Poder de un partido a otro.

 

 

Seguridad: Impune el criminal Estado paralelo
“Colectivo México”, opción idealista, pero
¿Pausará el ritmo la doctora Sheinbaum?

Quemaron instalaciones y equipo de Telecable en Michoacán, porque la empresa se negó a pagar cuota de protección y admitir en sociedad a una de las bandas del crimen organizado que proliferan gracias a la política de “abrazos no balazos”.

  En Palacio Nacional, aunque aceptan que la extorsión “es uno de los dos o tres delitos en los que no se han obtenido los resultados deseados”, saben que no llegaría a la próxima quincena quien sugiera un ajuste a la política sexenal de seguridad.

  El mayor logro de la “humanista” política sexenal ha sido desbrozar el camino para que con atroz eficacia el crimen organizado empiece construir en muchas comunidades de México un cruel, sangriento y despiadado “Estado Paralelo”.

 

 

Posible vacío para elección del 2024
Nearshoring: la política de la inercia
INEGI, su indispensabilidad lo blinda

  Familiarizado con las elecciones previas a la reforma electoral de 1996, a quien esto escribe le cabrean las leyes del Plan B presidencial pues quieren cambiar el sistema que desde hace 26 años permite que los resultados electorales reflejen razonablemente la voluntad del votante.

  Una pregunta a quienes, más sosegados, no ven riesgos en esos cambios. Si despiden al personal de carrera del INE, ¿quién capacitará a casi 750 mil potenciales funcionarios de casilla para las elecciones del 2024?

  Esos ciudadanos elegidos al azar, ya capacitados, garantizan que, como desde hace un cuarto de siglo, el 2 de junio de 2024, serán los ciudadanos, no los partidos ni el Gobierno, quienes reciban y cuenten bien los votos. Por eso, cabreado, descalifico como perversa la propuesta del Gobierno.